El ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Marcos Ibazeta Marino, en entrevista televisiva con el periodista Beto Ortiz hizo importantes precisiones para explicar por qué se ven a diario casos en los que delincuentes o presuntos delincuentes libran rápidamente sus responsabilidades ante el Poder Judicial. Considera que el problema estriba en el trabajo de investigación que desarrollan el Ministerio Publico y la Policía. El fiscal es quien debe aportar pruebas para que los delitos sean debidamente sancionados. Ibazeta Marino consideró que la lucha contra la delincuencia y la judicialización de los casos no es asunto de aplicar mano dura, que se interpreta como la acción de los operadores de justicia con posibilidad de lesionar derechos, o mano firme que se considera la aplicación vertical de las normas y procedimientos. El destacado jurista señaló "no estoy de acuerdo con la mano dura o la mano firme, porque primero hay que identificar de quién es la mano. Si decimos la mano dura o firme viene de la policía estamos equivocados, si viene de la fiscalía estamos equivocados, si es del poder judicial estamos equivocados, porque cada uno tiene su rol y una función".

En desacuerdo con quienes cuestionan el documento, destacó positivamente que el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) sea garantista y afirmó que allí no radica el problema. Los problemas, opinó están en los operadores de justicia, especialmente la policía y el Ministerio Público. "Si el NCPP es garantista en buena hora, porque si a mí me someten a un proceso quiero que respeten mis derechos. Hay que garantizar los derechos incluso a Momón; porque ahí tiene a la fiscalía en el otro lado. Y allí está el problema. Si vamos a judicializar algo el juez no tiene que condenar todo lo que se le formaliza. El juez juzga en base a todos los elementos de prueba que se le aportan".
"¿Por qué los jueces sueltan a los delincuentes?, porque la policía y la fiscalía no organizan bien, no sustentan bien el caso y lo presentan con serios defectos probatorios. Los casos a veces se sustentan en testimonios; pero que en el proceso, los testigos están a merced de los delincuentes. Cuando vienen a juicio, los testigos se retractan, cambia sus versiones, porque el Estado no los protege y basta con que el delincuente o presunto delincuente se retracte de todo lo que reconoció antes y ese proceso queda sin sustento probatorio. Entonces el tema no es que los jueces tienen que condenar porque la policía los presentó, hizo un acto público de formalización de denuncia con el fiscal. El problema es en la formación de caso para sustentarlo. Eso compete a la policía y a la fiscalía", dijo Ibazeta.

Sostuvo que el marco legal no es inadecuado, "porque si cada quien, cada funcionario, cada representante del Estado hiciera su tarea con razonabilidad, con eficiencia, el Estado brinda los medios para que lo haga bien, todo debería funcionar bien… Se necesita una fiscalía con capacidad para dirigir o interactuar con la policía, con calidad, para que lo que se formalice ante el poder judicial tenga el 90% o 99% de posibilidades de que termine con una condena".
Recordó que cuando fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima "sacamos una estadística y el 80% de las denuncias formalizadas por el Ministerio Público terminaban con absoluciones, por insuficiencia probatoria. Que la policía y Ministerio Público hagan bien su trabajo, porque lo que el Poder Judicial va a valorar son los medios de prueba. Por eso luego hay descontento ciudadano porque el 80% de todas las denuncias quedaban en absoluciones por insuficiencia probatoria y ese 80% se multiplicaba por cuatro, porque los que se iban, que evidentemente sí tenían participación criminal, y se iban a formar bandas".