Habló de la separación del jefe de Desarrollo Urbano, Richard Danny Monteza Sánchez, atribuyéndola a un acuerdo de concejo con el voto de los 3 regidores aludidos sin que ese funcionario tuviese sanción administrativa o sanción penal alguna. Dijo que el acuerdo fue retirar la confianza y separar del cargo a ese funcionario, prerrogativa reservada al alcalde. Otra causal, indicó, fue que acordaron contratar los servicios de un ingeniero civil para que ejerza el cargo de supervisor en una obra del barrio Shirac del caserío Huáscar. Una tercera causal invocada fue el acuerdo para separar de sus cargos a 3 trabajadores: Arnold Cáceres (sicólogo), Victoriano Chuyo (veterinario) y Adolfo Enrique Figueroa (administrador). Además haber acordado el pago de un adicional de obra. Dijo que todas esas son funciones indelegables, exclusivas del alcalde. También mencionó que el teniente alcalde convocó a una sesión extraordinaria de concejo, pese a que la ley establece cuál es el procedimiento. Debido a lo extenso de su argumentación, el presidente del colegiado lo interrumpió y le preguntó qué pedía. Merino respondió que se declare fundado el recurso de apelación y, consecuentemente, la vacancia de los regidores Vera, Isla y Nieto. ALEGATOS DE ABANTO Franco Ricardo Abanto Rodríguez, quien defendió a Fernando Isla Merino, sostuvo que las únicas causales por las cuales las autoridades municipales pueden ser vacadas están contenidas en el Art. 22 de la LOM, las cuales en ningún momento fueron infringidas por su patrocinado. Se refirió a que la Fiscalía realiza una investigación preliminar por cuanto a los miembros del concejo de Jequetepeque nunca se les entregó las actas; que el alcalde les hace firmar solamente la última hoja. Sostuvo que se trata de “actas fraguadas (que) han sido falsificadas para fabricarse unas supuestas causales de mi patrocinado en el sentido que está inmerso en actos netamente administrativos”. Aseveró que “no existe ninguna disposición administrativa, ningún documento que haya firmado mi patrocinado ejerciendo actos administrativos. Su labor es netamente de fiscalizador como manda la Ley Orgánica de Municipalidades…”. También mencionó que pese a que su patrocinado ha pedido los instrumentos de gestión, en ningún momento se le han entregado; ha pedido antecedentes de informes previos a tomar un acuerdo y jamás se le han entregado. De eso, indicó, un notario incluso levantó un acta que consta en el expediente. Interpretó que el alcalde había montado un show mediático porque va afrontar una revocatoria el 30 de este mes. Pidió que se declare infundada la apelación y se confirme el acuerdo de concejo de fecha 9 de agosto del año 2012 el cual rechaza la solicitud de vacancia. DEFENSA DE MARROQUIN Víctor Rázuri Alday, defensor de Narda Pilar Marroquín Vera, expuso que la solicitud de vacancia es producto de una serie de revanchas y venganzas políticas como consecuencia de la solicitud de revocatoria del alcalde y en consecuencia hay todo un show mediático para desacreditar a un sector de regidores que venía cumpliendo su labor fiscalizadora. Se sumó a la denuncia de Abanto sobre una presunta falsificación de actas para fraguar su contenido agregando palabras como las referidas a un supuesto retiro de confianza. Indicó que todo obedecía a la labor de fiscalización de su patrocinada frente a las irregularidades del jefe de Desarrollo Urbano quien fue traído a Jequetepeque por el alcalde y siempre otorgaba las obras a empresas provenientes de Tumbes de donde procedía. Manifestó que en la Fiscalía existen cuatro denuncias por presunta corrupción en la municipalidad. Alegó que el acuerdo de retiro de la confianza está bien tomado, incluso el de separar del cargo está bien tomado. Pero corresponde al alcalde aperturar proceso administrativo para determinar si son ciertas las afirmaciones que se están haciendo contra su jefe de Desarrollo Urbano. SIN DEFENSA Francisco Nieto Cruz fue el único regidor que no acreditó abogado para defenderse de la apelación interpuesta por Rosa Rázuri. DETALLES Como ya se ha dicho, los abogados Merino Huamán y Abanto Rodríguez trabajan en las municipalidades de San Pedro de Lloc y Pacasmayo, respectivamente. Merino es gerente municipal de la MPP y Abanto es gerente de Asesoría Legal de la comuna pacasmayina. Ambos llamaron a nuestro Diario manifestando que habían viajado con permiso en sus respectivos centros laborales.